Opinión

Los riesgos de la investigación criminal

Autor: 

Edmundo Orellana Catedrático universitario

Con apenas tres años de existencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ha demostrado ser más eficiente que la Policía Nacional en toda su historia. Sus indiscutibles logros lo demuestran.

También la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico los ha obtenido, pese a las, no pocas, crisis institucionales del MP y a las conspiraciones en su contra de la Policía uniformada, cuestión esta que ha quedado demostrada con las declaraciones de uno los “Cachiros” en Nueva York, que, cínicamente, reconoció que los capos de los carteles de la droga decidieron el asesinato del director de la misma, Arístides González, utilizando como sicarios a oficiales de alto rango de la Policía Nacional.

De los cuerpos de investigación criminal, estos son los únicos rescatables. Los demás han sido cómplices del crimen. Esta es la causa de la depuración policial, cuyo proceso ha sufrido tropiezos, debido a muchos factores, entre otros, el temor de los políticos de enfrentar el problema (reconocido por el presidente Lobo). De no existir la ATIC, el caso Barralaga no habría existido o bien la Policía lo habría protegido.

Esos logros no son del Presidente, como algunos aseguran, en el marco, sin duda, del proceso electoral, y de lo que se hacen eco algunos medios de comunicación. Afirmarlo es rebajar el MP a un simple apéndice presidencial. Lo que no es justo. Debemos reconocer, por elemental respeto a los agentes que arriesgan su vida diariamente, que esos logros se deben a ellos, a la Dirección de Fiscalía y, por supuesto, al señor Fiscal General.

El secreto de su éxito radica en que, ambas, son dependencias del MP. Están relativamente distante de los políticos, de la contaminación policial y les permite operar bajo la dirección técnico-jurídica de la Fiscalía, con lo que se garantiza, por un lado, que la investigación se oriente exclusivamente hacia lo que será útil en el proceso y, por otro, la validación para efectos procesales, de sus operativos, al actuar bajo la dirección del fiscal.

Casi veinte años separan el cierre de DIC y la creación de ATIC. Al suprimir la DIC del MP y pasarla a la Policía, cuando esta fue transferida del régimen militar al régimen civil, sin pasar por un proceso depurativo, pese a que era del conocimiento público su contaminación con el crimen organizado, los diputados del Congreso Nacional pretendían evitar que siguieran las investigaciones que el MP adelantaba contra los políticos corruptos de la época, a sabiendas de que la investigación se envilecería en el seno de la Policía uniformada, que siempre la utilizó para encubrir los crímenes, no para resolverlos.

Justificaron su decisión con el argumento de que las acciones judiciales emprendidas por el MP en contra de los policías vinculados con el crimen organizado y en contra de los militares violadores de los derechos humanos en la década de los ochenta, estaban desestabilizando políticamente el país. No impidieron las investigaciones contra la corrupción, porque para estas se requieren conocimientos para analizar estados financieros, transacciones bancarias y comerciales, etc., de los que carecen los investigadores criminales tradicionales. Pero se asestó un golpe mortal a la investigación criminal.

La degradación policial y el colosal crecimiento de los carteles de la droga y demás organizaciones criminales, tienen su origen en esa decisión, que eliminó la investigación criminal por 20 años. Los políticos que la adoptaron son los responsables de la inseguridad y de la impunidad en el país. Ellos son los verdaderos criminales a quienes hay que juzgar, aunque sea moralmente.

Hoy, como ayer, hay políticos temerosos de esos éxitos. Pueden aprovechar la elección del nuevo Fiscal General para frenar esos ímpetus investigativos, nombrando a quien garantice desactivar la ATIC.

No se atisba en el escenario nacional ningún sector capaz de oponerse a una acción de este tipo. Al gobierno y a la oposición les conviene un fiscal obediente que olvide la Cuarta Urna, los 20 mil millones del gobierno de facto y la corrupción de los dos últimos gobiernos. La sociedad civil, que en el pasado ha sido el balance en la vida nacional, está tan disminuida que ha sido incapaz de evitar que organizaciones afines al gobierno lideren el sector, prueba de que la MACCIH no ha incidido en nada absolutamente.

¿De ocurrir esto, está preparada la MACCIH para aceptar su derrota?